Nuevos cargos contra exmilitares por masacre en El Salvador

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Por MARCOS ALEMÁN

SAN SALVADOR — Un tribunal presentará nuevos cargos contra un grupo de exmilitares, entre ellos altos mandos de las fuerzas armadas de El Salvador, que están siendo procesados por la masacre de El Mozote en 1981, que dejó 989 muertos.

Un juzgado de San Francisco Gotera, 168 kilómetros al noreste de la capital, citó para el jueves a 15 imputados en el caso para informarles que también serán procesados por los delitos de tortura, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado que habrían sido cometidos en el marco de la operación.

El abogado Ovidio Mauricio, de una asociación civil, explicó que el juzgado recibió los dictámenes de peritos especialistas en materia militar, histórico-documental y antropología social que confirman el valor de la evidencia sobre la participación de la cadena de mando militar, desde el más alto nivel, para la consumación de la matanza.

El juez Jorge Guzmán Urquilla reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema derogara la Ley de Amnistía General de 1993 que impidió que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra fueran investigados.

A inicios del juicio en marzo de 2017, Guzmán Urquilla citó a 18 exmilitares, incluidos el entonces ministro de Defensa y el antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero no todos comparecieron. Los que se presentaron negaron su participación en la matanza alegando que muchos archivos se perdieron durante la guerra civil y otros fueron destruidos.

El abogado Wilfredo Medrano indicó que a la audiencia del jueves no se presentará el general Juan Rafael Bustillo, excomandante de la fuerza aérea, porque le manifestó el juez que “tiene temor que los familiares de las víctimas puedan atentar contra él”.

Entre los imputados también figuran el exministro de Defensa, José Guillermo García; el exjefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, General de División Rafael Flores Lima; y coroneles y oficiales –todos en retiro– que habrían dirigido la operación que produjo la masacre

El exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, otro de los abogados querellantes, dijo que a 37 años de la matanza la evidencia testimonial de los sobrevivientes “es contundente”, pero lamentó que algunos murieron sin que se les hiciera justicia.

Agregó que el juez informará a los militares que deben de presentarse una vez al mes a firmar a un juzgado que se les asignará y que les queda prohibido salir del país sin autorización. Además les prohíben comunicarse con las víctimas y testigos que han declarado en el proceso.

Morales lamentó también la actitud del exministro de la Defensa, el general David Munguía Payés, quien ha dado apoyo logístico a los exmilitares y negó la información que guardan en los archivos de la fuerza armada.

“Esperamos y pedimos al presidente (Nayib) Bukele como comandante general de la fuerza armada, que emita una orden para que toda la información relacionada a la Operación Rescate sea desclasificada y entregada a las autoridades judiciales y fiscales competentes”, agregó.

La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos. Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades de la guerrilla, pero algunos de ellos mataron a civiles.

Muchos cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una iglesia y luego les prendieron fuego. En una de las fosas, los forenses encontraron 136 esqueletos de niñas y niños, con un promedio de edad de seis años.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1983 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) después de divulgarse el documento de la ONU.

Monterrosa y Azmitia murieron en El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.

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