Gobierno de Nicaragua continua violando los derechos humanos de sus ciudadanos.

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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó el viernes “las graves violaciones” a las garantías fundamentales en Nicaragua y urgió al gobierno del presidente Daniel Ortega “cesar” tales prácticas.

Por 24 votos a favor, 19 abstenciones y cuatro votos en contra, el organismo de la ONU con sede en Ginebra aprobó una resolución en la que expresó su “gran preocupación por las continuas denuncias de graves violaciones y abusos de los derechos humanos desde abril de 2018”, cuando estalló una revuelta social en el país centroamericano.

También manifestó su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas sociales y la comisión de actos de violencia por grupos armados, así como por las denuncias de constantes casos de detención ilegal y prisión arbitraria, hostigamiento y torturas y actos de violencia sexual y de género durante la reclusión”.

Lo anterior “ratifica que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega persisten”, señaló el documento.

Asimismo cuestionó la represión de actores de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y religiosos, periodistas, estudiantes, víctimas y sus familiares y otras personas que han expresado opiniones críticas respecto del gobierno.

El Consejo instó al gobierno de Nicaragua “a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación, la fiscalía y el Poder Judicial, autorizando las manifestaciones pacíficas y públicas, restableciendo la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación independientes que habían sido disueltos y devolviendo los bienes incautados”.

De igual forma exhortó al gobierno de Ortega a que ponga fin a las detenciones arbitrarias y deje en libertad a todas las personas detenidas ilegalmente.

Según la fuerza opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), al menos 60 personas consideradas “presos políticos” siguen encarceladas. Unos 700 opositores fueron excarcelados en 2019 como producto de un diálogo con el gobierno.

Tras abogar por la seguridad de los defensores de los derechos humanos, el Consejo de la ONU pidió también garantizar la independencia del sistema judicial y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y definir un plan de acción para investigar “todas las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos ocurridos desde 2018”.

La represión de policías y paramilitares sandinistas de las protestas de 2018 dejó al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de detenidos y unos 88.000 emigrados y exiliados, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La resolución también exhortó al gobierno a velar “por un diálogo nacional amplio, creíble, representativo” y a emprender reformas jurídicas para garantizar la celebración de elecciones libres, justas y transparentes con la presencia de observadores independientes.

El gobierno de Nicaragua no reaccionó de manera inmediata a la aprobación del documento, que fue celebrado por los líderes opositores en Managua.

Se trata de “una resolución sin lugar a dudas contundente”, dijo en un mensaje a periodistas el politólogo Félix Maradiaga, miembro del consejo político de la UNAB.

Destacó que el texto representa “un paso en la dirección correcta”, pues exige la liberación de los opositores detenidos y deja en evidencia “la falta de imparcialidad e independencia del aparato judicial”.

Esta resolución “reafirma el aislamiento del régimen a nivel internacional, tal y como lo demuestra el hecho de que ningún país del continente americano ni de Europa votó en contra”, destacó por su parte un comunicado del disidente Movimiento Renovador Sandinista de centroizquierda.

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